Las infraestructuras públicas constituyen un soporte imprescindible para el crecimiento y el desarrollo de los pueblos. El problema es que la crisis económica dificulta, a las Administraciones públicas, el poder financiar esas infraestructuras públicas. Al resultar insuficientes las fórmulas tradicionales de financiación presupuestaria, se intenta buscar nuevas figuras jurídico-económicas que permitan financiar estas infraestructuras y los servicios, con el menor impacto sobre las cuentas públicas, pues en principio la diferencia entre la proyección de gasto público y los recursos corrientes, susceptibles de recaudación, se pueden cubrir por dos vías: aumentando los tributos o recurriendo al déficit y al endeudamiento. Ante esta realidad y dado que los recursos presupuestarios no son ilimitados, las decisiones adoptadas por las Administraciones tienen que ser compatibles con las limitaciones legales que se imponen sobre el déficit y el endeudamiento. Por este motivo, cobra importancia la iniciativa denominada project bonds o emisión de bonos, creada por la Unión Europea.