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Elena Larrauri 
, Nahia Zorrilla Martínez
Esta investigación se basa en un estudio previo que sugiere la necesidad de contar con un informe social que, por un lado, asesore al juez sobre la conveniencia de aplicar una pena y, por otro, siente las primeras bases para una supervisión efectiva de las penas no privativas de libertad. El objetivo principal de este trabajo es averiguar en qué medida los jueces solicitan este tipo de informes, cuál es la metodología empleada para su elaboración y su contenido así como el impacto que tienen en la toma de decisiones judiciales. Para ello se exponen los resultados de un estudio empírico sobre los informes solicitados por los jueces penales de Barcelona de 2003 a 2006 en relación a condenados por delitos de violencia de género ocasional. El estudio concluye que si bien se solicitan muy pocos informes, éstos tienen una influencia considerable en las decisiones judiciales y aporta argumentos que apoyan el mantenimiento del informe social para conseguir una mejor supervisión de las penas comunitarias.
