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Todavía no se sabe a ciencia cierta si en España existen hidrocarburos no convencionales que puedan ser objeto de aprovechamiento rentable mediante la técnica del fracking. Se supone que podría haberlos dado que en los últimos años se ha registrado una avalancha de solicitudes de permisos de investigación. Aunque hay quien piensa que podrían ser movimientos puramente especulativos, estas gestiones suscitaron reacciones de inquietud en las poblaciones más directamente afectadas. No parece que éstas se hayan sentido agraciadas por la rueda de la Fortuna y, especialmente en zonas del norte peninsular, surgieron movimientos sociales que reclaman transparencia y lideran expresiones de rechazo. La polémica llegó así hasta las instituciones regionales con resultados dispares como se verá. El eco del debate se extendió luego por otras Comunidades Autónomas y las autoridades centrales del Estado se han sentido obligadas a fijar posición. De este modo, en apenas doce meses han aparecido varias leyes que limitan en diferentes grados la práctica del fracking. Este trabajo se propone dar a conocer los principales hitos de esta evolución normativa y, a la vista del contenido de cada una de las disposiciones aprobadas, exponer críticamente las principales cuestiones jurídicas que suscitan. En un Estado territorialmente descentralizado como es el español, el debate jurídico parece inevitablemente abocado al terreno propio de la disputa competencial. De hecho, el Tribunal Constitucional ya ha anulado la primera ley autonómica por este motivo. Sin embargo, parece que un problema tan complejo debería abordarse por el Derecho desde perspectivas más amplias.
