La deficiente regulación legal de los derechos y deberes de los funcionarios es tradicional en España. Buena prueba de ello es el régimen jurídico de los actos del Ministerio Fiscal, en su doble vertiente, procesal y administrativa. La primera, que afecta al comportamiento diario de los Fiscales ante los Tribunales de Justicia, depende de imprecisas normas de carácter interno, cuyo cumplimiento se ampara, sin embargo, con las más graves sanciones disciplinarias. La segunda, relativa a los actos administrativos de los órganos de dirección del Ministerio Fiscal, está sujeta a la Legislación administrativa ordinaria, la cual todos incumplen en sus más básicos contenidos, ante la mirada impotente de los agraviados y la indiferente de todos los demás.