El Derecho de la Unión no se opone a la percepción de gastos por la comunicación de datos de carácter personal por una autoridad pública. Para garantizar que los gastos percibidos con ocasión del ejercicio del derecho de acceso a los datos de carácter personal no sean excesivos a efectos de esa disposición, el importe de esos gastos no debe exceder el coste de la comunicación de dichos datos