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Refl exiones en torno a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala 1.ª, de 3 de octubre de 2013 (Asunto C-32/2012, Soledad Duarte), que supone el último episodio de una enérgica línea jurisprudencial iniciada por el TJUE dirigida a dispensar a los consumidores una sólida protección en el ámbito procesal. Si las anteriores sentencias de esta serie han causado un profundo impacto y han tenido una fuerte incidencia en la tutela de aquellos derechos, la actual parece seguir la misma estela, sólo que en esta ocasión el impulso dado por el Tribunal, en términos de incidencia en los fundamentos estructurales del proceso español, ha ido probablemente demasiado lejos, afectando a principios considerados hasta la fecha como pacífi cos o comúnmente compartidos por la doctrina y la jurisprudencia
