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Antonio Tizzano
La normativa procesal española no garantiza la efectividad de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo. Incumbe a los órganos jurisdiccionales españoles hacer todo lo que sea de su competencia para garantizar a los consumidores el alto nivel de protección que persigue la Directiva
