Dentro del sistema jurídico inglés, uno de los campos que más se ha visto afectado en los últimos tiempos ha sido, sin duda, la contratación pública. Uno de los aspectos en que se han producido mayores cambios es el de la discrecionalidad de las entidades adjudicadoras, que es precisamente una de las características del sistema. El alto grado de discrecionalidad se ve como medio para alcanzar el objetivo de mayor eficiencia en la contratación. Sin embargo, en los últimos tiempos dicha discrecionalidad ha sido acotada no sólo por la recepción del régimen europeo de contratos, sino también por la jurisprudencia, que ha creado un conjunto de principios generales que limitan dicha libertad. En el presente artículo se pretende arrojar luz sobre la evolución vivida por el sistema de contratos inglés.
Over the past few decades, the field of public procurement has evolved as an important subject within the English legal system. Traditionally the contracting authorities have enjoyed broad discretionary powers inasmuch as contracting was considered a private activity; discretion also allows the contracting authorities to obtain value for money, which is the main objective of the domestic procurement system. However, certain elements seem to be changing this perception of discretion as an absolute feature of public procurement. Thus, both European Directives and Courts’ case law are curtailing the broad discretion of contracting officers. The article sheds light onto this evolution.