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Tras la guerra contra el ejército napoleónico se incrementó la delincuencia patrimonial en zonas rurales y caminos. Para la aprehensión y castigo de los salteadores y bandidos Fernando VII dictó medidas, siguiendo el esquema de 1784, que favorecieron la intervención de la jurisdicción militar. Los consejos de guerra permanentes juzgaron a estos delincuentes con sujeción a las disposiciones militares y castigándoles con gran dureza.
