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El método interpretativo jurídico más conocido es el propuesto por Friedrich Karl von Savigny en el siglo XIX. Numerosos expertos jurídicos afirman que es un método que mantiene su vigencia dentro de la denominada interpretación doctrinal o científica de una ley. En él se analiza el contexto lingüístico, el sistémico y el funcional de una norma jurídica. En primer lugar, el objeto de estudio del contexto lingüístico es el lenguaje empleado por el legislador para comunicar el sentido de lo legislado.
En segundo lugar, el estudio del contexto sistémico ayuda a desentrañar la coherencia de una norma, su incoherencia y sus posibles lagunas con respecto a lo legislado por el conjunto del ordenamiento jurídico, sobre todo su relación con las leyes precedentes de mayor rango. En tercer lugar, el análisis del contexto funcional de una ley permite conocer cuáles son los objetivos perseguidos para su establecimiento. En cierto sentido, supone saber cuál es la génesis del decreto, cuál es su filosofía, su argumentación o su fundamentación científica. Para ilustrar las ventajas y desventajas de este método en un caso concreto se estudia el decreto 237/1992 en el que se establece el currículo de la Educación Primaria en el País Vasco y que ha dirigido la actuación del profesorado de esa etapa en el País Vasco hasta su derogación en 2007. El análisis lingüístico de este decreto demuestra que su redacción es clara y su lectura asequible, a pesar de que existe una ambigüedad y una vaguedad. En el análisis sistémico también se han detectado luces y sombras, pero, en general se pone de manifiesto la coherencia interna entre el articulado y las leyes precedentes. Por último, el análisis del contexto funcional demuestra su coherencia interna y pone de manifiesto las fuentes científicas de las que bebe el decreto.
