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Martha Isabel Rosas Guevara
Las recientes dinámicas político-jurídicas desplegadas en torno a la construcción de la comunidad negra como sujeto colectivo de derechos territoriales, económicos y culturales, han representado un reto en el que se han visto involucrados actores sociales, étnicos e institucionales, y que ha implicado un proceso de etnización que permitió el establecimiento de una "otredad" frente a una sociedad mayoritaria ante la cual se esgrime una especificidad cultural, que debe además ser protegida por mandato constitucional. Los debates en torno a la interpretación y aplicación de los textos constitucionales relativos al reconocimiento de la diversidad cultural, así como la legislación que los desarrolla, han generado un acervo jurisprudencial que claramente ha tenido un carácter performativo a la hora de precisar los difusos límites de categorías identitarias que condicionan el reconocimiento de la comunidad negra como entidad jurídica y que a la postre determinan el nivel de reconocimiento y visibilidad obtenido por este colectivo, a poco más de dos décadas de que el Estado colombiano asumiera su diversidad étnica y cultural y se autoerigiera en garante y protector de la misma.
The recent political and juridical dynamics concerning the construction of the black community as a collective subject of territorial, economic and cultural rights, have represented a challenge for social, ethnic and institutional actors, and that has implied a process of ethnization that has allowed the establishment of a "otherness" opposite to a majority society as a cultural specificity, which has to be protected in addition by constitutional mandate. The debates concerning the interpretation and application of the constitutional texts relative to the recognition of the cultural diversity, as well as the legislation that develops them, have generated a juriprudential array that clearly has had a performative character at the moment of adding the diffuse limits of identity categories that determine the recognition of the black community as a legal entity and that at last they determine the level of recognition and visibility obtained by this group after more than two decades of which the Colombian State assumed its ethnic and cultural diversity and was autoraised as its responsible and protector.
