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¿Se hizo justicia al genocidio de 1994? Leyes imprecisas contra la división étnica y la ideología genocida aplicadas por tribunales comunitarios, por los que pasaron más de 1,8 millones de ruandeses, impusieron una "justicia de los vencedores" que cuestiona la reconciliación.
Un anodino juzgado de paz del centro de Londres se ha convertido en el incongruente escenario de un debate sobre las "lagunas de impunidad" que quedan en Ruanda. Los cinco acusados del genocidio en la vista de extradición son poco más que personajes secundarios de su propio drama legal. Lo que realmente se somete a juicio es la justicia del genocidio de hace 20 años, con la acusación y la defensa discutiendo sobre si los acusados pueden tener un proceso justo en el Tribunal Supremo de Ruanda. Un intento anterior de extraditar a cuatro de estos cinco sospechosos fracasó en 2009, cuando un tribunal británico dictaminó que no se les podía garantizar un juicio justo. Desde entonces, Ruanda ha mejorado un poco su sistema judicial. Esto ha convencido a otros tribunales, entre ellos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han permitido las extradiciones. Al mismo tiempo, sin embargo, los tribunales ruandeses siguen administrando justicia política basándose en leyes imprecisas contra la división étnica y la ideología genocida para encarcelar a adversarios políticos y periodistas independientes.
Tras el juicio de 2009 en Reino Unido, el experto en Derecho Mark Drumbl criticaba al tribunal por centrarse exclusivamente en las garantías procesales, a expensas del fomento de la justicia y la reconciliación en Ruanda. La tensión entre la imparcialidad y la obligación de rendir cuentas es una constante en las iniciativas relacionadas con la justicia tras un conflicto. La politóloga Judith Shklar, en su estudio sobre los tribunales de Núremberg, hacía hincapié en que es inevitable que los juicios sean políticos; la verdadera pregunta es si están al servicio de una política tolerante o intransigente. Según Shklar, los juicios liberales se caracterizan por el respeto de las garantías procesales y los fines no persecutorios.
