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En pleno debate sobre el uso de la técnica de fracturación (fracking), incluyendo la aprobación de leyes autonómicas prohibitivas, el TC ha dictado la sentencia de 24 de junio de 2014 que de forma clara y contundente declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la Ley cántabra 1/2013, que fue la primera en establecer una prohibición general del uso de esa técnica, por invadir las competencias del Estado en la materia; limitando así ciertas actitudes prohibicionistas de varias CC.AA. sin base constitucional alguna, y afirmando la importancia del unidad del mercado en una materia tan importante como la energía (aunque la filosofía constitucional de esta sentencia es posible aplicarla a muchas otras materias).
