Promover políticas públicas acerca de la apropiación social del conocimiento respecto a los derechos de la mujer, constituye un reto no solo para las universidades latinoamericanas, sino para los respectivos ministerios de educación superior donde se insertan dichas instituciones, un reto también, para los estamentos universitarios, así como para las comunidades académicas; este propósito no se percibe con suficiente fuerza, o es inexistente, en amplias comunidades académicas universitarias, incluso siguen siéndolo, aún, en los lineamientos generales que orientan algunos de los sistemas de educación superior en países de América Latina y el Caribe