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La investigación se realizó con el propósito de analizar la desigualdad procesal para el reclamo de prestación de antigüedad para los funcionarios públicos frente a los principios del derecho. Para ello se revisaron los postulados en relación con las categorías de estudio, que fueron formulados por diferentes autores, entre los cuales se pueden mencionar: Plá (1998), García (2005), Casal (2006), Jaime (2008) y Perdomo (2002), entre otros. La investigación fue del tipo documental y descriptiva, con un diseño bibliográfico. Se emplearon fuentes documentales jurídicas primarias y diversas doctrinas nacionales e internacionales, primarias y/o secundarias. La técnica de recolección de información fue la observación documental. Se diseñaron cuatro guiones de observación para medir las subcategorías Caducidad Procesal, Prescripción Procesal, Principios Constitucionales y Principios Generales del Derecho del Trabajo. Se pudo concluir que el sistema procesal procura la obtención de una justicia rápida, sencilla y leal, con la aplicación de los principios de igualdad, lealtad y probidad, en los momentos más significativos del proceso, asegurando al demandado su derecho a la defensa, que es por mandato de la Constitución de la República de Venezuela, un derecho inviolable. También, en relación con la caducidad y la prescripción, que las singularizaciones y diferenciaciones normativas responden a un fin constitucionalmente válido; entonces, se requiere que exista coherencia entre las medidas adoptadas y el fin perseguido. Asimismo, se concluyó que la Carta Fundamental reconoce el derecho al pago de prestaciones sociales como un derecho humano fundamental, que forman parte del patrimonio de la persona que desempeña un trabajo, sea público o privado. Y, por último, el hecho de poseer la condición de funcionario público de modo alguno implica que el mismo no se le atribuya el carácter de trabajador y por lo tanto en lo atinente a los derechos laborales específicamente la prestación de antigüedad y condiciones para su percepción, estos se interpretaran conforme y en base a las reglas contenidas en los Principios Generales del Derecho del Trabajo
