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La abdicación del Rey Juan Carlos I, la primera acontecida bajo la Constitución de 1978, ha puesto de manifiesto la viabilidad jurídica de la monarquía parlamentaria en un sistema democrático. El procedimiento seguido, desde la inicial manifestación de voluntad del Rey hasta la proclamación de Felipe VI, ha sido plenamente constitucional y ha marcado las diferencias jurídicas que existen entre una monarquía parlamentaria y otros modelos de monarquía difícilmente compatibles con los actuales sistemas democráticos.
