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Xavier Codina García-Andrade
El Tratado siempre ha impuesto a los Estados una serie de obligaciones negativas, o prohibiciones, que estos debían respetar para dar cumplimiento a las libertades consagradas en él. Por ejemplo, la prohibición de dictar normas que restringen la importación de productos extranjeros o que favorecen los productos nacionales. El problema surge cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleva a cabo una interpretación extensiva del Tratado, considerando que los Estados, además de las obligaciones negativas, deben observar una serie de obligaciones positivas no recogidas explícitamente en éste. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en el ámbito de la contratación, donde se produce el trasvase de principios de las Directivas a las previsiones del Tratado. De esta manera, el Tribunal consigue aplicar principios de las Directivas a supuestos excluídos de ellas, difuminando la diferencia que el legislador quiere establecer cuando aprueba la legislación derivada. El artículo aborda la problemática jurídica de esta doctrina, que ha sido objeto de crítica por considerarse, entre otras cosas, que altera el proceso legislativo europeo. Además de las críticas, se estudian sus implicaciones y el impacto que pueda tener sobre ella la aprobación de las nuevas Directivas de contratación, prevista para 2014.
