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Redacción Diario La Ley
En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que la directiva constituye «una injerencia en los derechos fundamentales de gran magnitud y especial gravedad en el ordenamiento jurídico de la Unión, sin que esta injerencia esté regulada de manera precisa por disposiciones que permitan garantizar que se limita a lo estrictamente necesario». Pese a declarar inválida la directiva, las leyes nacionales continúan en vigor, hasta que se elabore una nueva directiva o la justicia de cada país declare ilegal la norma traspuesta.
