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La reforma de la Ley General Tributaria de finales de 2012 ha introducido una modificación relevante en el modo de entender los procesos penales por delitos contra la Hacienda Pública. La norma fiscal atribuye a la Administración Tributaria facultades de investigación y potestades cautelares durante la sustanciación del procedimiento penal, por más que deba notificar al Juzgado estas medidas para su convalidación. La decisión legislativa contradice el principio básico de nuestro sistema penal, según el cual el juez de instrucción es el responsable de la investigación de los delitos y de las medidas que se adopten desde el momento en que incoa el procedimiento. Pero lo más grave es que, además, subvierte el principio constitucional que reconoce a los Juzgados y Tribunales la exclusividad de la potestad jurisdiccional, que comprende no sólo la declaración y la ejecución, sino también la potestad cautelar. De ahí que deban afirmarse muy serias dudas acerca de la constitucionalidad de estas medidas.
