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Oscar Morales García
El derecho a no declarar contra sí mismo, recogido en el artículo 24 CE, ha sido objeto de una interpretación jurisprudencial sostenida que ha acabado por vaciarlo de contenido, convirtiéndolo, a su vez, en un elemento de extraordinario valor acusatorio. Los Tribunales Supremo y Constitucional han creado un cuerpo interpretativo conforme al cual, ejercer el silencio puede ser indicador de culpabilidad, al tiempo que la posibilidad de ejercer dicho derecho rebaja el valor probatorio de la declaración del acusado sobre la base de un pretendido derecho a mentir. Al tiempo, una inercia costumbrista no asentada en la legislación procesal permite que la acusación solicite la declaración del acusado como prueba, que sea esta precisamente la primera en practicarse al inicio del juicio oral, mientras el acusado es ubicado en el juicio en el centro de la Sala, desconectado de su letrado, certificando así la devaluación jurídica y fáctica de un derecho que constituye una conquista de libertad frente al poder público.
La Constitución y la legislación procesal, sin embargo, contienen elementos suficientes para efectuar una lectura integradora del derecho al silencio que garantice su vigencia y utilidad como símbolo de libertad frente al poder público y herramienta sólida de defensa.
The right to silence has been undermined in the Spanish criminal law system. The case law of the Constitutional and Supreme Courts allows adverse inferences to be drawn from a defendant�s silence to the extent that exercising this constitutional right can be detrimental to a defendant. These inferences serve both to bear out the grounds of a conviction based on successfully proving an accusation, or directly as the main evidence used to achieve a conviction. Moreover, the right to silence is devalued in court procedure, which usually entitles the prosecutor to request that the defendant be cross-examined first. In addition, defendants sit away from their counsels, preventing them from communicating throughout the trial. This notwithstanding, rethinking the rights to silence and not to self-incriminate from a constitutional and legal point of view, as opposed to case law and consuetude, is still possible.
