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Lucía Martínez Garay 
La legitimidad de las medidas de seguridad depende de que puedan demostrar su capacidad para alcanzar el fin que las justifica: evitar la comisión de delitos futuros. Esta racionalidad instrumental presupone a su vez que ha de ser posible identificar con claridad su presupuesto de aplicación: la probabilidad de comisión de futuros delitos por un sujeto concreto. Si la peligrosidad no puede establecerse con un suficiente grado de certeza, la aplicación de las medidas sería arbitraria y, en consecuencia, ilegítima. Este trabajo analiza los porcentajes de acierto que evidencian los distintos métodos de predicción de la peligrosidad criminal, y da cuenta de las limitaciones estructurales que presentan a partir de los datos ofrecidos por recientes investigaciones en relación con los instrumentos de predicción estadísticos o actuariales y de juicio clínico estructurado. A partir de dicho análisis se concluye no sólo que la capacidad para identificar correctamente a los sujetos que volverán a delinquir es muy limitada sea cual sea el método empleado para predecir la peligrosidad, sino también que dicha capacidad predictiva no parece probable que vaya a mejorar de manera significativa en un futuro cercano. Ello hace que resulten cuestionables diversos aspectos de las medidas de seguridad, y en particular la legitimidad de las medidas imponibles a sujetos responsables de forma acumulada a la pena correspondiente al injusto culpable.
