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Este trabajo se dirige al análisis transversal de dos hechos sincrónicos que han ocurrido en 2013: por un parte, la reciente entrada en vigor en España del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, como novedad más destacada, faculta a los ciudadanos, individual o colectivamente, a denunciar la vulneración de los derechos contenidos en el Pacto; y, por otro, la inminente aprobación del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revaloración del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. Los importantes cambios aparejados a la aprobación de la �penúltima� reforma del sistema público de pensiones español, y la adecuación con la doctrina del Tribunal Constitucional y con la interpretación del derecho a la seguridad social contenido en el Pacto, son cuestiones que van a ocupar buena parte de este trabajo.
