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Alejandro Herrero Prieto
El ejercicio de la competencia de las diversas Administraciones públicas confluye en la materia objeto de la Ley de Transparencia, Acceso a la In-formación Pública y Buen Gobierno. Particularmente esto ocurre en la cumplimentación de las reglas del ejercicio de la potestad sancionadora en aspectos tan concretos como son las infracciones en materia de gestión económica presupuestaria tipificadas en la Ley.
La respuesta a estos retos por parte de los ordenamientos jurídicos auto-nómicos, y específicamente el ordenamiento jurídico de la Comunidad de Castilla y León, es una cuestión que ha de plantearse necesariamente.
La ausencia, prácticamente generalizada, de un estatuto jurídico propio de los Altos Cargos, auténticos sujetos de este régimen sancionador, dificulta la auténtica aplicación de estas reglas.
Este estudio intenta dar respuesta a estas cuestiones, considerando el obligado análisis jurisprudencial sobre los aspectos de culpabilidad requeridos en la conducta infractora.
