La configuración del derecho de acceso de los ciudadanos a la informa-ción pública contenido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ha supuesto un avance respecto de la regulación anterior. No obstante, el diseño legal continúa respondiendo a una concepción limitada del derecho de acceso, tanto por la naturaleza que esta le confiere, como por la previsión de un complejo y amplio sistema de límites que, en muchos casos, tienen carácter abierto e indeterminado, lo que da cabida a una mayor intensidad de la restricción.
El presente trabajo pretende abordar con carácter general las limitaciones previstas por la Ley en relación con el derecho de acceso, así como el im-pacto que su aplicación práctica puede tener sobre la efectividad del prin-cipio de transparencia suprimir.