El presente trabajo aborda un análisis de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relativas al procedimiento administrativo para hacer efectivo el derecho universal de acceso a la información pública. La importancia relativa que adquieren comúnmente los aspectos procedimen-tales desaparece cuando éstos se asocian al ejercicio de derechos, cuyo fin último es la satisfacción de las aspiraciones ciudadanas de mayor transpa-rencia.