La Ley 39/1999 dio pie a la jurisprudencia y a la doctrina constitucional para mejorar, sobre el Derecho Comunitario, el nivel de protección de la trabajadora embarazada frente a decisiones extintivas empresariales que merecerían la calificación de despidos improcedentes. La STC 173/2013, permite reflexionar críticamente sobre la aplicación -casuística- de dicho criterio de mejora.