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El presente trabajo tiene por objeto una primera aproximación a dos anteproyectos de protección a la infancia, y una reflexión sobre la oportunidad de suprimir la diversidad normativa en los que se erigen como derechos fundamentales de los menores. La propuesta, de hondo calado social, afecta a 13 leyes diferentes, alguna importantísima como la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor: acogimiento familiar, adopción, el ingreso de menores en centros de protección específicos, protección en situaciones de violencia de género o ante casos de abusos sexuales, o impedir el acceso a profesiones que estén en contacto con menores, de personas condenadas por delitos contra la libertad sexual o la explotación de menores. Y si los contenidos son de gran entidad, no podemos perder de vista el objetivo fundamental: garantizar el interés prioritario del menor con una regulación uniforme para todo el territorio. Así, de manera pormenorizada, casi reglamentaria, se regulan algunos aspectos que pretenden evitar cualquier inmisión que frustre la propia finalidad de la norma y el interés prevalente de la infancia y adolescencia»
