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Un argumento habitual a favor de la financiación pública de los partidos es que evita que tengan quedepender del dinero de los grupos que buscan ventajas especiales del poder político para costear sugasto ordinario y electoral. Este artículo examina la relación entre financiación pública y búsquedade rentas en el marco de las leyes de reforma de la financiación de los partidos políticos españoles de2007 y 2012. Como estas leyes no modificaron la capacidad de los partidos para crear y distribuir rentas,tampoco cabe esperar que limiten los fondos que el sector privado destina a captarlas. Las nuevassubvenciones para el gasto ordinario que autorizan ambas leyes, permiten, sin embargo, que una partecreciente de los recursos que recompensan la creación de rentas políticas se desvíe de la tesorería de lospartidos al enriquecimiento personal de quienes toman las decisiones que generan las rentas. La tesisde este artículo es que las subvenciones públicas a los partidos no han reducido la financiación irregular ni la corrupción política
