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La actual emergencia de la colaboración público-privada para la provisión de servicios y de infraestructurasde interés público es debida a las estrecheces presupuestarias por las que atraviesan las Administracionespúblicas en el actual contexto de aguda crisis económica. Las ventajas de esta colaboración se concretan enel diálogo entre el sector público y el sector privado para consensuar la financiación y ejecución de proyectos,la buena relación calidad-precio y un tratamiento en términos de contabilidad pública que determina unnulo impacto en la deuda. Sin embargo, el deficiente marco regulador europeo y estatal, tanto en materia decontratación como de incentivos a la captación de activos financieros, constituyen un lastre para su definitivoarranque. Es preciso, pues, un nuevo marco que favorezca la adecuada estructuración de proyectos,contratos y esquemas de distribución de riesgos, así como que prevea incentivos a la participación, porejemplo, con la introducción en nuestro sistema de los proyectos de infraestructuras no solicitadas y, enparticular, mejorar la figura del específico contrato de colaboración público-privada y de la fórmula deldiálogo competitivo como procedimiento de adjudicación.
