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Las organizaciones indígenas del país han optado regularmente en las últimas décadas por las acciones directas, de hecho, a fin de lograr el reconocimiento e implementación de sus derechos; ello, frente a una débil institucionalidad estatal en Bolivia. La Justicia Constitucional (JC) en su primera etapa de funcionamiento (1999-2011), en general no otorgó una tutela efectiva a los derechos de los pueblos indígenas vinculados a conflictos socio-ambientales. En este trabajo, se realiza un análisis sobre las dificultades y avances de la JC en dicho período. Asimismo, se exponen oportunidades y desafíos emergentes de la nueva JC Plurinacional contemplada en la Constitución de 2009, a fin de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Al término del documento, se plantean algunas recomendaciones para mejorar el rol de la JC en la tutela de los derechos de los pueblos indígenas, de modo congruente con las normas de la nueva Constitución.
