En aplicación del principio de la responsabilidad patrimonial de los Estados por su incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, el Tribunal Supremo ha condenado a la Administración del Estado al pago de una determinada cantidad en concepto de indemnización, a favor de una empresa que había tenido que pagar un tributo establecido en una Ley española que, con posterioridad, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo consideró contrario a una Directiva.