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En los últimos tiempos, la prueba de ADN ha sido determinante en procesos penales de relevancia pública, ya haya servido para la identificación del presunto responsable del hecho o para la identificación del imputado. No obstante, la posible limitación de los derechos fundamentales que pueden ser afectados tanto con la toma de muestras, como con en su incorporación al juicio oral, resulta un tema preocupante ya que de su tratamiento podrá derivar o no una sentencia de condena. Por ello, este artículo aporta algo de luz a este «novedoso» y controvertido tema.
