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La STJUE de 14 de marzo de 2013 (C-415/2011) sobre cláusulas abusivas y el sistema de ejecución hipotecaria español, reforzó en nuestro ordenamiento, a través de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, la posición del deudor-consumidor frente al uso de dichas cláusulas por las entidades de crédito. Sin embargo, el contenido de esta sentencia no supuso una auténtica innovación de doctrina, sino que vino a reproducir algunas ideas ya consagradas en la jurisprudencia comunitaria y que, junto a una visión de las relaciones jurídico-privadas bajo el prisma del Derecho comunitario, han de prevalecer sobre cualquier singularidad de las normas nacionales que regulan los procesos de reclamación de crédito.
