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Alejandro Enrique Alvargonzález San Martín
El Consejo Europeo de diciembre de 2013 es el punto de partida para una reactivación de la PCSD que exige una base política más sólida e involucrar a las instituciones, los Estados y la industria.
Cuando los padres fundadores de lo que hoy denominamos la Unión Europea se entregaron a su proyecto, en realidad pensaban en la seguridad. Se trataba de una generación - la de los Jean Monnet, Robert Schumann, Konrad Adenauer - que había sufrido dos guerras mundiales y temía la llegada de una tercera. Por eso fueron guiando la construcción de las estructuras que, finalmente, salvaron a Occidente de los blindados soviéticos, quién sabe si de la guerra nuclear o, sencillamente, de la pérdida de su ser, esculpido con paciencia desde el Renacimiento hasta hoy.
Aquella construcción funcionó. Sin que nadie supiera predecirlo, la Unión Soviética acabó por derrumbarse ante una Europa occidental boquiabierta, y la cooperación política europea dio sus primeros pasos en un contexto cambiante, cuando la amenaza soviética se desvanecía y otras no se adivinaban todavía.
En 1992, el Tratado de Maastricht establecía la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y en ella "la definición, en el futuro, de una política de defensa común". Fue el Tratado de Ámsterdam, en 1997, el que fijó como base de esa política de defensa común las llamadas misiones Petersberg.
La Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) surgió como resultado de la necesidad sentida en Europa de disponer de herramientas para la gestión de crisis, y fue creciendo en paralelo con la decisión de reorientar los cometidos de la OTAN y reforzar en su seno el pilar europeo de defensa. Fue, además, una auténtica necesidad tras la frustración por la falta de actuación en los Balcanes, donde los países europeos fueron incapaces de atajar las guerras desatadas en los años noventa en el corazón del Viejo Continente. Eran momentos en que se presentía que había que redefinir aquellas estructuras triunfantes que, de la noche a la mañana, se habían quedado sin objetivos ni amenazas a las que combatir. Y mientras la economía entraba en un círculo virtuoso, nadie se preguntó mucho más.
El 11 de septiembre de 2001, contemplando horrorizados como un grupo de fanáticos ponía en vilo la ciudad de Nueva York, el sentimiento de inseguridad resurgió. La declaración de Laeken, en diciembre de ese año, recogió esa percepción y el deseo de que Europa asumiese sus propias responsabilidades. En este contexto nacía el documento "Una Europa segura en un mundo mejor", responsabilidad del entonces Alto Representante de la PESC, Javier Solana, y conocido como Estrategia Europea de Seguridad. Aprobado en diciembre de 2003, representa todavía hoy un hito en el marco de actuación de la UE en materia de seguridad, a pesar de la evidente necesidad de su actualización.
Otro camino fue el iniciado con el Tratado de Lisboa, de 2009, que introdujo elementos de calado, no solo en el ámbito institucional, estableciendo el liderazgo de la Alta Representante para la PESC, Catherine Ashton, en la nueva Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), sino también en cuanto a los instrumentos de dicha política, como las cláusulas de solidaridad y asistencia mutua, las cooperaciones reforzadas o la Cooperación Estructurada Permanente. Sin embargo, el eterno debate entre quienes quieren más Europa y aquellos que ponen el freno, paralizó en buena medida alguno de los desarrollos más ambiciosos allí recogidos.
Desde entonces, las amenazas a la seguridad permanecen y la erosión de las diferencias entre la seguridad interior y exterior de las naciones, la necesidad de cooperar entre ellas para afrontar los riesgos emergentes, y la conciencia de una necesaria aproximación global para solucionar la génesis de las grandes crisis, hacen de la UE una estructura a priori idónea para exportar seguridad a poco que se dote de mecanismos más eficaces. Súmese a ello el hecho constatable de un progresivo alejamiento de Estados Unidos del marco europeo, demostrado en la crisis libia, su insistencia en que los europeos asuman su cuota de responsabilidad, y su decisión de bascular hacia los océanos Pacífico e Índico.
