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La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el Orden Social (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, tiene una notable trascendencia tanto para los justiciables como para todos los operadores jurídicos. Tras un juicio crítico severo, el estudio analiza en extenso tan singular régimen legal.
