La reforma de la Ley de Régimen Local se ha concebido como una consecuencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pues se presenta como la adaptación de la normativa local a los principios y exigencias de esta. Al priorizar la garantía de disciplina fiscal por encima de cualquier otra consideración, el nivel local se sitúa dentro del Estado Autonómico, pero queda totalmente afectado, incluyendo aspectos nucleares del funcionamiento del sistema democrático-representativo.