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La aplicación judicial del derecho de defensa de la competencia cuenta (más o menos) por tradición con sanciones jurídico-civiles (en particular la nulidad de negocios o de cláusulas negociales que contraríen normas de competencia), medidas cautelares procesales-civiles y recursos judiciales de decisiones de la Autoridad de la Competencia (AdC) (I). Menos tradicionales y enraizadas son las acciones de responsabilidad civil propuestas por los perjudicados por hechos ilícitos anticompetitivos (II). En el apartado n.° III trataremos de algunas especialidades en el ámbito de los grupos de empresas (III).
