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Bernardo Aguilera Sánchez-Garrido
La dispersión y la proliferación de normas en el ordenamiento jurídico español, han generado importantes barreras a la unidad de mercado, afectando negativamente a la competitividad de las empresas españolas. Esta fragmentación del marco normativo contrasta, además, con la pertenencia de España al Mercado Único europeo y a su integración comercial y económica en la Unión Europea. Existen muchos ejemplos de distorsiones en la unidad de mercado, identificados en el inventario de distorsiones que elabora la CEOE. Son un reflejo del elevado coste que implican para las empresas, poniendo de manifiesto el margen de mejora para facilitar la actividad del empresario y la necesidad de una Ley de Garantía de Unidad de Mercado. El desarrollo y la concreción de la misma se han de traducir en medidas de coordinación y colaboración precisas entre las diferentes Administraciones, así como con el sector privado. Además, el problema de la unidad de mercado ha de abordarse complementariamente con otros obstáculos del marco normativo que afectan negativamente al crecimiento y la competitividad, como es una inadecuada transposición de las normas europeas y la sobrerregulación. El objetivo último ha de ser configurar un ordenamiento jurídico coherente, simple, claro y favorable a la actividad empresarial.
