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Los recursos hídricos existentes en un territorio han marcado de forma notable el modo de vida de sus habitantes desde épocas remotas. En este caso se ofrece una panorámica de la manera en que la secular escasez del agua en el interior peninsular, y, más concretamente, en el espacio que hoy conforma la Comunidad Autónoma de Madrid, ha influido en la regulación de su aprovechamiento. Los órganos políticos, llamados a la resolución de los conflictos ocasionados por las carencias de tan vital recurso, se han esforzado a lo largo de los siglos para generar un sistema normativo que pudiera salir al paso de tales controversias, pero los intentos de acaparar el agua han dificultado la convivencia entre las poblaciones madrileñas desde antiguo y nunca se arbitró un orden jurídico verdaderamente eficaz para atajar tales inconvenientes. Demasiados intereses se hallaban en juego. Ello es esencialmente debido a la peculiaridad que, a tal efecto, ha supuesto históricamente la capitalidad de Madrid, al ser necesario conjugar dentro de la región los intereses cortesanos con los de ciertos señoríos y los puramente municipales. La superposición de diferentes estamentos políticos entrañaría a lo largo de la historia madrileña una evidente dificultad a la hora de repartir el caudal hídrico del territorio.
