La proliferación de Ordenanzas de Convivencia plantea la problemática relativa a su constitucionalidad en base a su configuración práctica como límites de derechos fundamentales. La imposición municipal de autorizaciones y prohibiciones en el espacio público restringe el ejercicio de derechos constitucionales con inobservancia de las competencias locales y posible incumplimiento de la reserva de ley.