El Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito es un tributo estatal creado para dejar sin efecto su aplicación por las Comunidades Autónomas que lo habían establecido previamente. Esta medida legislativa es criticable si tenemos en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre al autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y la organización territorial del Estado.