Los conflictos jurisdiccionales entre empresas operadoras de máquinas de juego y de azar y los establecimientos donde se instalan las mismas son permanentes y numerosos, si bien, la resolución de los mismos se ha orientado desde la perspectiva de la incomunicabilidad de las relaciones civiles entre las partes y la vigencia de las autorizaciones administrativas, lo que creaba una grave disfuncionalidad, además de resultar un análisis incompleto de la realidad jurídica en conflicto.