La subasta electrónica cómo técnica de adjudicación de contratos públicos, debe articularse, en todo caso, respetando el régimen jurídico que para la Administración electrónica se disciplina en el Título II de la, Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios, singularmente en aquéllos supuestos en que las Administraciones Públicas recurran a la externalización técnica del desarrollo de la subasta electrónica en aplicaciones o programas ajenos a aquellas.