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El presente trabajo analiza la problemática que está suscitando la incautación de la garantía definitiva en los supuestos de resolución del contrato por culpa del contratista. La nueva regulación de la LCSP es poco clara al no determinar con certeza si la incautación procede en todo caso como ocurría en la legislación anterior o si solo se puede incautar la garantía en lo que necesario para reparar los daños y perjuicios que la resolución ocasione a la Administración. Ello ha originado una profunda división de opiniones en los órganos consultivos de la Administración. Se pretende analizar esta diversidad de opiniones y tratar de establecer cuál sería la interpretación más adecuada del TRLCSP en este punto.
The issue in this paper is the analysis of the problems caused by the last regulation about the seizure of the final guarantee. The 2007 Public Contracts Act does not determine whether the seizure proceeds in any case as it was in the previous or whether it is only possible in case of damages caused to Administration and only as much as necessary to repair them. There are very different positions in the advisory councils about the issue. The paper aims to analyze those differences and tries to explain which would be the best interpretation of the spanish public contracts law at this point
