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El artículo ofrece una panorámica general de la financiación de los municipios españoles durante el primer decenio de vigencia de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 1988, con especial referencia a los resultados cuantitativos y a la continua evolución y mejora normativa que ha experimentado el principal tributo que la sustenta: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Tras comentar las reformas parciales de los años 80, el autor analiza globalmente el funcionamiento de la Ley vigente bajo la óptica de los principios de suficiencia, autonomía y eficacia, señalando que no puede darse por agotada su capacidad como instrumento de financiación local, toda vez que sigue habiendo un amplio margen o recorrido fiscal en poder de los Ayuntamientos, especialmente en el propio IBI, para hacer frente a sus necesidades de gasto.
