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La mayor parte de la actividad normativa e institucional del año 2012 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha puede explicarse en el contexto de la crisis económica. Se trata, por tanto, de medidas para intentar mejorar la situación y alcanzar ciertos objetivos económicos, muy especialmente el objetivo del 1,5% del PIB como tope de déficit, lo que finalmente se ha conseguido. Ha habido dos leyes de presupuestos, las correspondientes a los años 2012 y 2013, así como otras dos vinculadas al Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha. Dos más contenían medidas fiscales y tributarias, además de la ley de estabilidad presupuestaria de la región. Por lo demás, la actividad de las instituciones se entiende también en un contexto de austeridad y reducción del gasto.
