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Frente a una práxis inveterada y constante, la regulación del procedimiento administrativo sancionador vigente en materia de Defensa de la Competencia exige que la propuesta de resolución emitida por la Dirección de Investigación que pone fin a la fase de instrucción incluya expresamente la determinación de la responsabilidad que corresponda a sus autores, es decir la especificación o individualización de la multa cuya imposición se propone. En la actualidad, las propuestas de resolución no determinan suficientemente la responsabilidad de los infractores porque no individualizan, concretan ni cuantifican la sanción, lo cual conculca su derecho de defensa y en particular el derecho a conocer los términos de la acusación, lo que conduce a considerar la resolución sancionadora nula por violación del art. 24 de la Constitución Española.
