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Albert Estrada Cuadras
En una economía de libre mercado como la que rige en España, el precio de las cosas y de los servicios objeto de la contratación (ambos entendidos en un sentido amplio) cumple una función crucial en el proceso de asignación y redistribución de los recursos existentes entre los miembros de nuestra sociedad. El Código penal vigente en España protege los sistemas de fijación de los precios a través, entre otros, del delito de alteración de los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia (art. 284 Cp). Las siguientes líneas se dedican al análisis crítico de las conductas típicas penalmente relevantes de acuerdo con el tenor literal vigente de esta figura delictiva. Con la misma perspectiva se examinan la oportunidad y contenido de la reciente propuesta de la Comisión Europea, de 20 de octubre de 2011, de criminalización imperativa y armonizada de determinadas formas de manipulación de precios en el ámbito de los mercados financieros (COM(2011) 654 final).
