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Lucía Martínez Garay 
, Javier Mira Benavent
El trabajo aborda el examen de los derechos fundamentales que asisten a las personas jurídicas en aquellos casos en los que un procedimiento penal se dirige formalmente contra ellas y son objeto de la aplicación de una medida cautelar consistente en la suspensión temporal de toda su actividad asociativa y en el cierre de todas sus sedes y locales. Tomando como hilo conductor la aplicación de esta medida cautelar al caso Herrira (asociación para la defensa de los presos de ETA), en el trabajo se denuncia la ilegalidad e inconstitucionalidad de las decisiones adoptadas por el juez de instrucción como consecuencia de la vulneración de determinadas garantías procesales, penales y constitucionales.
This paper discusses the fundamental rights of legal persons when a criminal proceeding is formally directed against them and they are subject to precautionary measures consisting in the temporary suspension of all associative activities and in the closure of premises. Taking the application of this precautionary measure to Herrira (an association for the defense of ETA�s prisoners) as the main thread, the paper reveals the illegality and unconstitutionality of the decisions taken by the judge, as a result of the violation of certain procedural, criminal and constitutional guarantees.
