Manuel Olmedo Palacios
España se incorpora con la Ley 19/2013 al amplio grupo de países con una normativa específica reconocedora y reguladora del derecho de acceso a la información pública. Ahora bien, lo hace tarde, al ser el último gran país de la Unión Europea en promulgar una ley semejante, y sin ajustarse a los estándares internacionales en la materia, pues no reconoce el derecho como parte integrante de la libertad de información y, por ende, como derecho fundamental.